El Parlamento Europeo aprobó el 14 de diciembre el proyecto de ley con el que se busca el acortamiento de los procesos administrativos de concesión de autorizaciones para las centrales de energía renovable y sus infraestructuras conexas, incluidas las conexiones a la red. Uno de los principales retos de la Transición Energética a los que se enfrentan los promotores de proyectos de energías renovable están relacionados con los procedimientos administrativos, de autorización y de conexión a la red complejos y largos establecidos, así como la falta de personal técnico suficiente las autoridades que conceden las autorizaciones para evaluar el impacto medioambiental de los proyectos propuestos.
La introducción de plazos más cortos y claros para las decisiones que deben adoptar las autoridades competentes a fin de expedir la autorización de las centrales de energía renovable sobre la base de una solicitud completa, permite acelerar el despliegue de proyectos de energías renovables. Además, la fijación de un plazo concreto permite no solo a asegurar un adecuado ritmo de instalación de generación renovable sino también reducir la incertidumbre actual que conlleva la planificación temporal de este tipo de proyectos.
No obstante, conviene establecer una distinción entre los proyectos situados en zonas particularmente adecuadas para el despliegue de proyectos de energía renovable, cuyos plazos pueden racionalizarse considerablemente, y los proyectos situados fuera de esas zonas. El periodo máximo para la aprobación de nuevas instalaciones será nueve meses, si se sitúan en las llamadas ‘zonas de aceleración de renovables‘. Fuera de esas zonas, el procedimiento no podrá llevar más de dieciocho meses, y, sobre todo, los Estados miembros deben evitar o, reducir al máximo, el impacto medioambiental negativo. Si la autoridad competente no responde en el plazo establecido, el permiso se considerará concedido, en aplicación del principio de ‘silencio administrativo positivo’. Fuera de esas zonas, el procedimiento no podrá llevar más de dieciocho meses -en vez de los 24 meses de la propuesta inicial.
Según el mismo proyecto de ley, los Estados miembros deben designar zonas que son especialmente adecuadas para desarrollar proyectos de energía renovable, diferenciando por tecnologías (eólica y solar), y en las que no se espera que el despliegue del tipo específico de fuentes de energía renovables no tenga un impacto negativo significativo para el medio ambiente ni para la seguridad alimentaria por lo que respecta a la producción agrícola. Las zonas de aceleración de las renovables deben ser especialmente adecuadas para la instalación de centrales destinadas a la producción de energía a partir de fuentes renovables. En la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética, de las Illes Balears, se define a partir de su artículo 46 las ‘zonas de desarrollo prioritario’ como aquellas unidades territoriales que se delimiten en los planes territoriales insulares donde las instalaciones de energía renovable tienen la consideración de uso admitido a efectos de la legislación territorial i urbanística. A tales efectos, los planes territoriales insulares deben definir la ubicación, tipología, dimensiones i demás características de las instalaciones aptas para cada zona considerando, entre otros criterios, la preservación de paisajes protegidos o especialmente representativos y lo relativo a las normas de aplicación directa previstas en el artículo 68 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears.
Otro criterio que fija la ley autonómica para la definición de zonas es que se relaciona con la protección de zonas agrícolas. Este concepto vuelve a aparecer en el texto europeo, con la siguiente aclaración:
«La producción de alimentos debe tener prioridad sobre la producción de energía, y la producción de energía no debe dar lugar a una reducción de la producción de alimentos o del rendimiento de los cultivos, pero ambas actividades pueden y deben coexistir y aprovechar las sinergias.»
Por consiguiente, lejos de posicionar el sector agrícola como un actor poco relevante en la transición energética, Europa muestra su clara intención de fomentar la producción de energía renovable en las zonas rurales a partir de proyectos de autoconsumo, agrivoltaicos, o través de la producción de biometano.